A pesar del esfuerzo de los cuerpos de seguridad gran parte del “dinero negro” permanece en manos de los delicuentes o de testaferros privando a servicios sociales como la sanidad o la educación de financiación.

Para mejorar la lucha contra el dinero negro la Comisión ha propuesto esta semana una nueva normativa destinada a mejorar la eficacia en el embargo de fondos y bienes fruto de la delincuencia, así como reforzar la capacidad de los estados miembros para decomisar activos transferidos a terceros o en los casos de fuga, además de la congelación de bienes que corren el peligro de desaparecer.